Jose Gregorio Soro

La situación acontecida en la Municipalidad San Carlos no deja de precuparnos a todos los habitantes del cantón. Si hay culpables o no, eso lo esclarecerá el OIJ, antes de eso no puede decirse nada y sobre eso nadie puede hablar con propiedad.

Sin embargo, la forma en que el alcalde Alfredo Córdoba ha manejado el tema sí da mucho de que escribir, en especial por su interés por victimizarse -un día sí y otro también. por la gestión fiscalizadora que realiza el actual Concejo Municipal.

Es verdaderamente preocupante cómo el alcalde de San Carlos plantea el concepto de rendición de cuentas. En un medio local, dio a entender que el allanamiento obedece a una campaña de desprestigio de cara a las elecciones del 5 de diciembre. En esas votaciones, Córdoba busca su  reelección para alcanzar su tercer período administrativo.

Sin entrar a discutir la descabellada idea de un complot orquestado entre Concejo y OIJ contra el alcalde, la verdad es que las autoridades judiciales, en este caso, respondieron a una denuncia formal planteada por la regidora Céspedes y el regidor Corella. Muy probablemente también reaccionaron luego de propias indagaciones del OIJ luego de la denuncia previa , situaciones -ambas- que conllevaron al conocido allanamiento de algunas oficinas del Palacio Municipal.

Sobre los hechos, la reacción del alcalde, sin embargo, no se orienta a aclarar el asunto ,sino a embarrialar la cancha desde una posición en la que se victimiza ante las investigaciones. Por un lado, respeta la labor judicial, pero por otro lanza sus señalamientos a los regidores denunciantes, cual si la falta fuese la denuncia y no el acto denunciado. Según la lógica del alcalde, si hay indicios de una irregularidad y violación de la ley, denunciarla no es una opción adecuada. La denuncia según esta visión, es vista como un acto grave para la imagen de la Municipalidad, y no así -al menos desde la omisión en el discurso- del supuesto acto irregular que se investiga. El culpable viene a ser el denunciante y no el denunciado.

Decir que esto es una campaña de desprestigio, es tener la mente ocupada en el 5 de diciembre y no en el interés de limpiar la casa y aclarar el problema si lo hubiere. Desaprovechar esta ocasión para demostrar su interés en una Municipalidad transparente, donde se respetan los procedimientos de ley y, aún más, se tolere la divergencia, puede que tenga más que un costo electoral, un costo en términos de como los ciudadanos sancarleños percibimos el interés del alcalde de tener una mejor Municipalidad sin importar su destino personal.

Ahora resulta que si alguien duda de la realización adecuada de un procedimiento y lo denuncia para confirmarlo o descartarlo, no es un buen ciudadano sino un ciudadano que quiere “desprestigiar”. Si el alcalde esperaba que los regidores callaran ante una supuesta anomalía, se equivocó de personas, o quizá, a modo de regresión, pensó que se trataba del Concejo anterior.