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Algunos acontecimientos de los últimos meses nos hacen ver una situación verdaderamente preocupante. La institucionalidad, centro de nuestro sistema democrático, en el que se siguen las reglas y se respetan las leyes en servicio de la mayoría -como uno supone que debería ser- ha actuado de una forma completamente alejada de dichos principios.

Ponemos acá tres casos reales:

Aprobación y posterior eliminación de las consultas públicas en materia ambiental

El año anterior, el Congreso aprobó por unanimidad -cosa rara en Cuesta de Moras- una ley para referendos ambientales, esto es, que las comunidades podrían decidir si X o Y proyecto se realice o no en tanto sus costos ambientales sean mayores que sus beneficios, por ejemplo. Los diputados dieron el visto bueno, pero el presidente Arias, el mismo que habló ayer en CNN sobre la importancia de la democracia, vetó dicha ley. Al parecer el gran demócrata ante el mundo le teme a la democracia en su país. Otro doble discurso además del ambiental.

Paz con la naturaleza reduciendo tamaño de un Parque Nacional

Si algo caracteriza a Costa Rica a nivel mundial es su biodiversidad. Por ello, cientos de miles de personas nos visitan año a año y dinamizan la economía nacional. La naturaleza es, si se quiere, el insumo más importante del corazón de nuestra economía. Gran parte de esa imagen la constituye el sistema de Parques Nacionales. Muchas veces leemos en diarios extranjeros o vemos en canales como Discovery y NatGeo sobre el importante porcentaje de territorio que Costa Rica concede a la protección máxima, en su categoría de Parques Nacionales.

En estos momentos, en la Asamblea Legislativa, se encuentra en discusión un proyecto de ley para reducir el Parque Nacional Marino Las Baulas y convertir una parte en una Reserva de Vida Silvestre de propiedad mixta, esto es, bajarle de rango, retroceder, desproteger… En pleno Siglo XXI, cuando se habla del cambio climático, de la importancia de la conservación, de la relevancia del reciclaje y limpieza de ríos, del ahorro energético, del uso racional del agua…en estos años de decisiones trascendentales que definirán en mucho la vida de nuestros hijos y nietos, el gobierno, desea como gran medida para el “desarrollo sostenible” que el país tenga un Parque Nacional menos. Raro pensar que quitando parques nacionales protegeremos las especies, y sacaremos de la lista de especies en peligro de extinción a la tortuga baula, razón principal para que ese lugar cuente -aun- con el rango más alto de protección.

El Estado intentando eliminar medidas cautelares que permitirían tala masiva

Por último, el caso del proyecto minero Crucitas. Todo el debate en medios y durante toda la lucha legal, el MINAET ha jugado un papel contrario a su obligación institucional. Ha apoyado a la empresa en todo y en donde sea, incluso en la Vista Judicial. Tanto el exministro Dobles, actualmente acusado ante los Tribunales, como el ministro Rodríguez, más que interesarse en proteger el ambiente han actuado en favor de los intereses empresariales. Pensé que la función de los Ministros era en ir a favor del pueblo, pero acá la posición del MINAET ha sido sumamente clara en beneficio de la empresa minera. Sus planteamientos y declaraciones en prensa como en la Vista en Sala IV, los hacía ver comprometidos a defender una causa, y no precisamente la de argumentar en favor de la conservación ni tan siquiera el uso sostenible de los recursos naturales. Sus apariciones en la prensa nos hicieron ver que ellos, como institución del Estado, parecían más la oficina de relaciones públicas de la empresa minera. Si una persona que no conoce al ministro Rodríguez, o incluso, a la magistrada Calzada, pensaría que ellos son empleados de Industrias Infinito.

La posición del Estado de impugnar las medidas cautelares interpuestas por el Tribunal Contencioso Administrativo, medidas realizadas luuego de una denuncia realizada por ciudadanos para evitar la tala de casi 200 hectáreas en Crucitas, no hace sino confirmar lo que aquí exponemos. El descaro ha llegado a niveles nunca vistos. El Estado diciéndole al Tribunal que anule las medidas cautelares y permita a la empresa su operación. El Estado contra la ciudadanía.

Tres ejemplos, todos relacionados con el tema ambiental que nos hacen preguntarnos: ¿a beneficio de quien están las instituciones públicas? En estos casos queda muy claro que no a favor de la gente que hace su lucha para proteger los recursos que aún nos quedan.